El presidente, Javier Milei, aprobó un decreto que autoriza el despliegue de fuerzas militares para proteger “objetivos estratégicos” ante amenazas como el terrorismo internacional y el crimen organizado. 

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, fue firmada junto a los ministros de Defensa, Luis Petri, y Seguridad, Patricia Bullrich, y concede al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la facultad de definir qué bienes o instalaciones del Estado requieren protección especial frente a riesgos que pudieran comprometer la soberanía nacional.

Entre los "objetivos estratégicos" identificados por el decreto se incluyen plantas nucleares, centrales eléctricas, represas, radares y otras instalaciones clave para la seguridad nacional. Aunque la legislación vigente ya permitía esa facultad, el nuevo decreto amplía su alcance al otorgar al presidente y al jefe de Gabinete la responsabilidad de determinar qué constituye un "objetivo estratégico". Además, se incluye la posibilidad de que las amenazas provengan no sólo de actores estatales, sino también de organizaciones paraestatales o criminales, lo que actualiza la normativa anterior, que sólo reconocía peligros provenientes de otros países.

El decreto establece, en su primer artículo, que un "Objetivo de Valor Estratégico" es cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones cuya destrucción parcial o total podría causar daños graves a la vida, la economía, el medio ambiente o la seguridad del país. En cuanto a la competencia, el PEN es el único autorizado para clasificar como tales los bienes que considere necesarios de proteger, con la posibilidad de que los ministros de Defensa y Seguridad propongan nuevos objetivos, consignó el sitio de noticias Infobae.

El documento también subraya la cooperación interinstitucional entre las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad podrá pedir apoyo de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales provinciales, mientras que el Ministerio de Defensa actuará de forma similar cuando deba proteger estos objetivos en tiempos de paz. En caso de guerra o conflicto armado, las Fuerzas Armadas asumirán el control operativo de la protección de estos objetivos, que también estarán bajo su mando en situaciones de conmoción interior.

El decreto destaca la necesidad de una definición clara sobre qué constituye un "objetivo estratégico", con el fin de garantizar su adecuada protección. Además, menciona que la Ley de Defensa Nacional tiene como objetivo proteger la soberanía e integridad territorial del país y que las amenazas a estos objetivos estratégicos deben ser anticipadas y gestionadas de manera efectiva. Según los fundamentos del decreto, la seguridad nacional debe adaptarse a los nuevos desafíos, incluyendo el terrorismo internacional, que representa una de las mayores amenazas del siglo XXI, especialmente con el uso de nuevas tecnologías para ataques no convencionales.

El gobierno de Javier Milei ha expresado su alineación, dentro de su política internacional, con Israel en la escalada de violencia en Medio Oriente y con Estados Unidos (EEUU).